Gobierno argentino señala recepción de inmigrantes con ley migratoria – Jornal da USP

En el continente americano, cuya inmigración está en el centro de su historia, se destaca Argentina. El país platino es uno de los que concentra los flujos migratorios más importantes en América. En los últimos años, este tema ha dado lugar a varias discusiones. El más reciente llegó con Alberto Fernández. El actual mandatario argentino ha decidido derogar un decreto que facilitó la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.

Le changement annulé par Fernández avait été mis en œuvre en 2017. À l’époque, le président Mauricio Macri cherchait à assurer un meilleur contrôle sur l’entrée des étrangers ayant un casier judiciaire et à rationaliser le processus d’expulsion des immigrants criminels dans el país. El decreto también estableció normas más estrictas en cuanto a las causas que impiden que los extranjeros ingresen y permanezcan en el país cuando sean objeto de una condena penal. El cambio representó un cambio único en la política migratoria argentina.

Mauricio Macri fue elegido en 2015, luego de dos mandatos consecutivos con Cristina Kirchner, reconocida como un gobierno más progresista en este sentido. «La posición de Macri con respecto a la política migratoria simbolizó una oposición a lo que fue la política migratoria de Cristina, que abrió, facilitó la migración, acogió y universalizó el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos argentinos», explica Romeu Bonk Mesquita, maestro del Instituto de Relaciones Internacionales. en la USP.

En 2021, fue el turno de Alberto Fernández de cambiar ciertos aspectos de la ley migratoria argentina. El actual presidente revirtió los cambios de Macri, eliminando algunos ajustes en el control de la inmigración. A modo de argumentación, Fernández subrayó la inconstitucionalidad y una vulneración del proceso de asistencia y defensa legal a los inmigrantes.

«Él [decreto de Fernández] modifica varios artículos de la Ley de Migración, pero principalmente los referidos a causas penales, es decir, delitos, procesos penales, en los que se involucran inmigrantes, con la revocación de la permanencia otorgada a los inmigrantes que posteriormente cometen delitos, es una serie de cambios, pero en en general todos se concentran en este ámbito jurídico penal ”, analiza Mesquita.

El cambio impulsado por el actual mandatario acaba afectando a algunos de los inmigrantes que proceden principalmente de países vecinos. Alrededor del 60% de los inmigrantes que residen en Argentina provienen de estos países, que llegan a Argentina en busca de mejores condiciones de vida: “No tienen dinero para pagar un abogado, no conocen la legislación, a veces, porque tienen baja educación, no conocen la burocracia, no pueden hacer frente al marco burocrático y legal al que se enfrentan. Entonces, obviamente, están más desfavorecidos ”.

La presión de las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los inmigrantes también estuvo involucrada en la decisión, como el Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.

Romeu Mesquita, quien ha investigado las políticas migratorias de Argentina desde el gobierno de Macri, informa que la medida de Alberto Fernández también encontró una serie de agencias de seguridad, quienes consideraron excesivas las restricciones impuestas por Macri.

Aunque aplicadas a inmigrantes involucrados en delitos, las imposiciones de Mauricio Macri abrieron espacio para la marginación de otros grupos de inmigrantes. “Desde el punto de vista de la opinión pública, esto crea un cierto estigma, ya que la presidencia vincula la inmigración con la delincuencia. Por mucho que no vaya a la cárcel, por mucho que [imigrante] se siente víctima de un abuso de poder policial ”, dijo, recordando que en la época de Macri, Argentina vio un aumento en el número de inspecciones policiales a extranjeros. Además, la cuestión de la reagrupación familiar entre los inmigrantes extranjeros, que se había visto obstaculizada por las medidas del entonces presidente, también tuvo repercusiones.

La oposición, mientras tanto, argumenta que controles más estrictos serían una respuesta a los prolongados procedimientos de inmigración y al creciente número de arrestos de extranjeros, que ahora serían deportados más rápidamente, si fuera necesario. Además, señalaron que los cambios de Fernández podrían promover el narcotráfico.

Romeu Mesquita recuerda que las medidas de Macri impuestas en 2017 también aparecieron como una forma de mostrar a la población que el gobierno estaba decidido a combatir el crimen, utilizando como objetivo el narcotráfico.

Como resultado, la enmienda propuesta por Alberto Fernández representa un cambio radical en la forma en que el gobierno ve los temas de inmigración. “Hay un movimiento pendular entre este ir y venir de preferencias ideológicas, según la coalición ocupada por el gobierno. Es la respuesta a un pedido de su base y de sus simpatizantes y de su propia agenda, que sirvió para dar respuesta a lo que aún estaba abierto por parte del gobierno de Macri.