Mostrar resumen Ocultar resumen
- Nuevas reglas para iniciar desalojos y quiénes pueden actuar
- Juicio sumarísimo: plazos cortos y disposiciones concretas
- Notificaciones y requisitos en casos de viviendas alquiladas
- Fuerza pública, allanamientos y administración de bienes hallados
- Expropiaciones: actualización de indemnizaciones y mecanismos de transparencia
- Origen de la iniciativa y actores que la diseñaron
El Gobierno presentó un proyecto que redefine cómo se recuperan inmuebles ocupados y cómo se administran expropiaciones. La iniciativa busca acelerar desalojos y dar mayor seguridad jurídica a propietarios y arrendadores. El texto se trabajó durante meses y ahora vuelve al centro del debate parlamentario. Desde la Casa Rosada acordaron poner esta norma como prioridad en el temario legislativo.
Nuevas reglas para iniciar desalojos y quiénes pueden actuar
La reforma amplía quienes pueden iniciar un desalojo, más allá del titular registral. Además del titular, podrán actuar locadores, usufructuarios, poseedores y cualquier persona que acredite derecho legítimo de uso. La intención es reducir la fricción judicial y evitar procesos largos que dejan inmuebles ocupados por meses. En la práctica, el reclamo tendría vías procesales más directas para restituir la posesión.
Amor sano: Gabriel Rolón explica que amar te da poder y no debe usarse para dañarte
Ejecuciones fiscales y embargos: qué riesgos y cómo protegerte
- Locadores y sublocadores.
- Usufructuarios y poseedores con título de uso.
- Personas que demuestren un derecho legítimo sobre el bien.
El proyecto fija estándares para probar el derecho de uso y simplificar la admisión de la acción. La carga probatoria se adapta para permitir resoluciones más ágiles. Sus impulsores sostienen que esto disminuirá la ocupación irregular y protegerá la inversión inmobiliaria.
Juicio sumarísimo: plazos cortos y disposiciones concretas
Se propone tramitar los casos por la vía del juicio sumarísimo. Ese procedimiento acorta plazos y simplifica las etapas judiciales. El texto incorpora el artículo 680 bis, que obliga al juez a ordenar la entrega inmediata cuando se acredite título y caución juratoria.
La restitución debería concretarse en un lapso breve para evitar dilaciones. La versión oficial prevé que la entrega se efectúe dentro de los cinco días de la solicitud. La medida se aplicaría frente a tenedores precarios, intrusos y usurpadores. Además, contempla desalojos por falta de pago o por vencimiento de contratos.
Notificaciones y requisitos en casos de viviendas alquiladas
El proyecto moderniza las notificaciones procesales y admite el uso del domicilio electrónico constituido por las partes. Con esta herramienta se busca acelerar las notificaciones y reducir trámites en papel. También aclara que la ausencia de numeración en la fachada no impedirá la localización y la notificación efectiva. Las comunicaciones podrán acreditarse por medios digitales y otras formas fehacientes.
En alquileres de vivienda se reincorpora la exigencia de intimación previa al desalojo. El locador debe intimar fehacientemente y conceder al inquilino al menos tres (3) días corridos para pagar. Si no hay respuesta, se habilita el procedimiento acelerado para recuperar el inmueble.
Fuerza pública, allanamientos y administración de bienes hallados
La iniciativa autoriza el uso de la fuerza pública para ejecutar desalojos cuando lo disponga el juez. También contempla allanamientos y la apertura de cerraduras aun si no hay personas en la propiedad. Se prevé la designación de depositarios para los muebles y enseres encontrados en el lugar. Los procedimientos deberán sujetarse a protocolos y a garantías procesales.
- Intervención de la fuerza pública con orden judicial.
- Apertura de cerraduras y allanamientos para acceso a inmuebles.
- Designación de depositarios para bienes muebles hallados.
Quienes promueven la reforma sostienen que estas herramientas evitan ocupaciones prolongadas. Sus críticos alertan por posibles abusos si faltan controles estrictos. El debate parlamentario definirá los límites operativos y las salvaguardas.
Expropiaciones: actualización de indemnizaciones y mecanismos de transparencia
En materia de expropiaciones la propuesta establece la actualización de la indemnización según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos deberán publicarse en plataformas oficiales para mayor transparencia. Además, se exigirá la realización de al menos dos tasaciones independientes antes de fijar la compensación. Estas medidas buscan reducir disputas sobre subvaluaciones.
Cálculo y plazos para el pago
Si la entidad expropiada cotiza en bolsa, se tomará el valor bursátil previo a la noticia de expropiación. Esa regla procura reflejar el precio real del mercado antes del impacto informativo. También se fijarán plazos y mecanismos para la actualización y el pago efectivo de la indemnización.
La reforma aclara que no habrá transferencia de dominio sin el pago íntegro de la indemnización. Además, la ocupación temporaria anormal solo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, y dará lugar a indemnización por daños y perjuicios. Se incorpora la prohibición expresa de ocupar temporariamente acciones, cuotas o bienes societarios. Estas limitaciones apuntan a resguardar la estabilidad de empresas y mercados.
Origen de la iniciativa y actores que la diseñaron
El proyecto se gestó en el Consejo de Mayo, un grupo técnico impulsado por el Ejecutivo para convertir el pacto homónimo en propuestas legislativas. Ese cuerpo reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector privado. Buscó articular reformas que pudieran avanzar en el Congreso durante la nueva etapa legislativa. La mesa política decidió priorizar esta iniciativa en la agenda temprana.
Participaron jefes de gabinete, ministros y legisladores de distintas fuerzas políticas. También estuvieron presentes representantes de la UIA y de la UOCRA, entre otros actores sociales. La composición plural del grupo sirvió para diseñar textualmente los cambios y definir la estrategia parlamentaria.
