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- Traslado y logística: el operativo que rodeó la audiencia
- Palabras que sorprendieron: la declaración y la inesperada muestra de apoyo
- Testimonio decisivo: cómo surgió la acusación sobre el complot
- Historia del imputado y su traslado a prisión de máxima seguridad
- Decisiones del tribunal y la incorporación de la PROCUNAR al juicio
- Duración del debate y próximas audiencias del proceso
La jornada en el Tribunal Oral Federal de Paraná tuvo un giro tenso: Leonardo Airaldi compareció para declarar en el proceso por narcotráfico y, a escasos metros, estaba el fiscal señalado como uno de los presuntos blancos de un plan criminal. La presencia de Candioti en la sala y las palabras del acusado encendieron la atención de magistrados, fiscales y presentes. La sesión dejó preguntas sin responder y puso nuevamente bajo la lupa tanto la seguridad del juicio como la investigación sobre una supuesta conspiración para matar.
Traslado y logística: el operativo que rodeó la audiencia
Airaldi llegó a Paraná procedente del penal de máxima seguridad de Ezeiza tras un traslado con un despliegue inusual. El operativo incluyó un vehículo blindado y custodia del Grupo Especial de Intervención (GEI), la unidad de élite del Servicio Penitenciario Federal. La movilidad del acusado fue controlada con rigidez, desde su entrada esposado hasta su salida, para minimizar cualquier riesgo durante el debate.
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Dentro y fuera de la sala se desplegaron protocolos estrictos de protección. Entre las medidas estaban:
- Presencia permanente de miembros del GEI junto al acusado.
- Uso de chaleco antibalas y escolta con armamento largo en la comitiva.
- Blindaje del vehículo y coordinación entre dependencias penitenciarias.
Palabras que sorprendieron: la declaración y la inesperada muestra de apoyo
Durante la audiencia, una vez finalizadas las preguntas formales, Airaldi pidió la palabra y pronunció una frase que cortó el ambiente. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti”, dijo en voz alta, gesto que llamó la atención por lo llamativo del contexto. El fiscal no respondió en el momento, pero la expresión generó un murmullo entre los presentes y reavivó la discusión sobre la existencia del supuesto plan.
Enseguida, el acusado intentó despejar sospechas con una negación directa. Afirmó que nunca pensó en amenazar a nadie y subrayó que “lo que más amo es la vida”. Sus declaraciones buscaron desactivar la acusación de aporte y financiación de un grupo narco, aunque dejaron en la sala una mezcla de incredulidad y sorpresa entre los asistentes.
Testimonio decisivo: cómo surgió la acusación sobre el complot
El eje de la nueva investigación no provino de registros telefónicos ni de inteligencia externa, sino del relato de otro interno. Daniel “Tavi” Celis, preso por narcotráfico en la cárcel de Gualeguaychú, declaró ante la fiscalía que Airaldi habría hablado de contratar sicarios para atentar contra varios funcionarios. Ese testimonio motivó la apertura de una causa paralela en Gualeguaychú, a cargo del fiscal Pedro Rebollo.
Personas mencionadas como posibles objetivos
- José Candioti, fiscal federal presente en la audiencia.
- Leandro Ríos, juez federal señalado en el testimonio.
- Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, también nombrado.
Según la versión aportada por Celis, Airaldi habría comentado la contratación de sicarios provenientes de Uruguay y un pago cercano a los 40.000 dólares para ejecutar el plan en Punta del Este. El relato fue sostenido por otros internos que declararon en términos similares y ninguno solicitó protección especial o el régimen de testigo protegido.
Historia del imputado y su traslado a prisión de máxima seguridad
El traslado de Airaldi al penal federal respondía a una decisión anterior que lo declaró de alto riesgo. Fue movido desde una granja penitenciaria provincial en Gualeguaychú hacia Ezeiza, donde permanece en aislamiento. Ese cambio se produjo tras conocerse el supuesto plan criminal y la evaluación de riesgos por parte de la justicia.
Antes de su procesamiento, Airaldi fue dirigente político y social en su ciudad natal. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Rural de Diamante y proviene de una familia con larga tradición agropecuaria en la región. Ese pasado le dio perfil y vínculos locales, que hoy contrastan con la severidad de las imputaciones que enfrenta.
Decisiones del tribunal y la incorporación de la PROCUNAR al juicio
La jueza a cargo informó que el Tribunal autorizó la intervención de la PROCUNAR como órgano acusador en el debate, lo que permitió la participación del titular Diego Iglesias. La defensa objetó esa presencia, pero el tribunal sostuvo que corresponde al Ministerio Público Fiscal designar a sus representantes. La medida fue tomada como un respaldo institucional a la investigación especializada contra el narcotráfico.
Además, el Tribunal rechazó los pedidos de nulidad del procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio planteados por la defensa. Esos rechazos agotaron recursos clave que buscaban frenar el proceso penal. La fiscalía celebró las decisiones y consideró que se habían consolidado las condiciones para que el juicio avance sin demoras.
En la sala, la jueza dejó en claro que el tribunal no puede interferir en designaciones internas del MPF y que corresponde acatar las decisiones adoptadas por el Procurador. Esa resolución se interpretó como una victoria para la acusación, dado que en otros casos la participación de múltiples fiscales en el debate había sido limitada.
Duración del debate y próximas audiencias del proceso
La jornada de audiencia se extendió por casi nueve horas y se programó una nueva sesión para continuar con la instrucción. Airaldi seguirá el resto del proceso mediante videoconferencia desde Ezeiza, según dispuso el tribunal. La dinámica del juicio promete más capítulos, con testigos por presentar y pruebas por evaluar.
Mientras tanto, la pesquisa paralela sobre el supuesto intento de homicidio continúa en Gualeguaychú bajo la supervisión del fiscal Rebollo. Las próximas audiencias definirán si las pruebas reunidas alcanzan para avanzar con imputaciones penales adicionales o si las declaraciones de los internos quedan como indicios. El caso mantiene en vilo a la comunidad judicial y a la opinión pública provincial.
