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- Rechazo del acuerdo económico y sus razones legales
- La estructura acusada: empresas pantalla y facturas que no existen
- Cómo avanza la causa hacia la elevación a juicio
- Posición de la Fiscalía y de los organismos querellantes
- Montos, convenios y la ruta del dinero público
- Investigaciones complementarias y nuevas citaciones
El juez federal Sebastián Casanello dejó sin efecto una salida procesal que buscaba cerrar una de las piezas del expediente sobre el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo. La decisión devuelve la causa a la senda del proceso penal ordinario y abre la puerta a un eventual juicio oral contra responsables señalados del armado de empresas pantalla. Las defensas ya anunciaron recursos y la investigación, ahora, avanza con más fuerza hacia Comodoro Py.
Rechazo del acuerdo económico y sus razones legales
Casanello rechazó el ofrecimiento de reparación por 87.963.534 pesos presentado por uno de los imputados. Según el magistrado, ese tipo de acuerdos no es apropiado cuando los delitos afectan a la administración pública. El planteo pretendía evitar el juicio sin admitir responsabilidades, pero fue considerado insuficiente por afectar el interés público.
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La Fiscalía y los querellantes se opusieron de forma unánime a la propuesta. Entre los organismos que rechazaron el acuerdo figuran la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Las defensas anunciaron apelaciones que intentarán revertir la decisión.
La estructura acusada: empresas pantalla y facturas que no existen
La investigación apunta a una red de sociedades utilizadas para simular compras y justificar desembolsos al Estado. En particular, Coxtex S.A. aparece como una firma sin actividad real que facturó al Ministerio de Desarrollo Social. Los peritajes sostienen que esas facturas documentaban operaciones inexistentes.
Otras sociedades involucradas en el circuito de facturación
- Ediciones e Impresiones Rumbos SRL
- Urban Graphics
- Ricoprint
- Monfrini
- Miniso Trade
Los expedientes describen un circuito más amplio de documentación falsa. Esa red habría sido clave para ocultar el destino real de los fondos. Los investigadores sostienen que sin esas empresas pantalla no se habrían podido sostener las rendiciones adulteradas.
Cómo avanza la causa hacia la elevación a juicio
Con el rechazo de la reparación, Casanello está ahora en condiciones de resolver la elevación a juicio. El Ministerio Público había pedido llevar a juicio a los imputados por el presunto esquema de desvío. Si la instancia superior confirma el criterio del juez, el expediente seguirá su curso hacia un debate público.
Entre los procesados hay referentes del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor. Eduardo Belliboni ya fue enviado a juicio por otros tramos de la causa. La pesquisa central quedó separada del tramo dedicado a la operatoria de las empresas pantalla.
Posición de la Fiscalía y de los organismos querellantes
La Fiscalía advirtió que la maniobra no fue aislada y que implicó a múltiples actores en distintas etapas. Sostuvo que no es posible fragmentar el daño ni resolverlo con acuerdos parciales. Por eso pidió que la investigación siga su curso y que se determine la responsabilidad de cada participante.
Los querellantes señalaron que aceptar el pago habría debilitado la acusación. Además, alertaron sobre el riesgo de normalizar acuerdos en causas que afectan fondos públicos. La postura conjunta buscó preservar la integridad del proceso penal y la transparencia en el uso de recursos.
Montos, convenios y la ruta del dinero público
Los documentos judiciales registran facturas por más de cinco millones emitidas por Coxtex en octubre de 2021. Entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron convenios por más de 361 millones de pesos. Esos fondos estaban destinados a proyectos socio-productivos dentro del Potenciar Trabajo.
Según las pericias, parte de ese dinero fue destinado a actividades distintas a los fines del programa. Se mencionan gastos de militancia, apoyo a movilizaciones y erogaciones corrientes de la organización. Los investigadores también identificaron circulación de cheques que dificultaron el rastreo del dinero.
Investigaciones complementarias y nuevas citaciones
Para profundizar la pesquisa, Casanello citó a indagatoria a supuestos facilitadores profesionales. La fiscalía y la Cámara Federal pidieron revisar la participación de funcionarios públicos en la operatoria. La Cámara solicitó además que no se confunda la investigación con la criminalización de la protesta social.
La sala de apelaciones, integrada por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens, reafirmó procesamientos y agravó los delitos imputados. Entre los cargos figuran administración fraudulenta contra la administración pública, amenazas y extorsión. Esas decisiones incrementaron la expectativa de pena para la cúpula del movimiento.
