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En Mendoza se aprobó una normativa que busca frenar el aumento de casos de bullying y busca responsabilizar a los adultos. La medida, votada por unanimidad en la Legislatura provincial, introduce sanciones que alcanzan cifras importantes. El ministro de Educación, Tadeo García Salazar, explicó los alcances y el procedimiento en una entrevista con LN+. Los detalles cambian la forma en que se interviene frente al acoso entre menores.
Qué implica la ley mendocina contra el acoso escolar
La norma modifica el Código de Contravenciones de la provincia con un objetivo claro. Busca ampliar las herramientas legales para sancionar conductas de acoso que se dan dentro y fuera del ámbito escolar. Además, la iniciativa pretende involucrar a la familia en la resolución del conflicto. El enfoque legal combina medidas educativas y sancionadoras.
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Según el gobierno provincial, la ley surge frente a un aumento de incidentes detectados en los últimos meses. La propuesta no solo apunta a castigar, sino también a promover la intervención temprana. Por eso se articulan protocolos y espacios de mediación que incluyen a las escuelas y a las familias.
Protocolos, capacitaciones y acciones previas
Antes de la sanción legislativa, la provincia reforzó protocolos internos en el sistema educativo. Se implementaron capacitaciones obligatorias para todo el personal que trabaja con niños y adolescentes. Estas formaciones incluyen estrategias de detección, contención y seguimiento de casos. El objetivo fue que las escuelas tuvieran herramientas claras y actualizadas.
Además, se desarrollaron instancias de trabajo con organizaciones y especialistas en infancia. La idea fue sincronizar criterios entre docentes, directivos y equipos técnicos. Esto permitió establecer un flujo de actuación que luego quedó plasmado en la ley. La prevención y la respuesta temprana fueron pilares de ese proceso.
Del protocolo escolar a las sanciones: cómo actúa el sistema
Cuando se detecta un episodio de bullying, la escuela activa su protocolo y propone una mediación. En esa instancia participan los equipos educativos y las familias implicadas. Si las conductas persisten, se convocan reuniones complementarias con los padres del agresor.
Si un progenitor no asiste o incumple lo pactado, el caso puede elevarse al juez contravencional. Ese juez tiene facultades para imponer medidas a los adultos responsables. Entre las opciones figuran advertencias, trabajo comunitario y sanciones económicas según la gravedad del hecho.
Los montos previstos en la normativa son parte central del impacto de la ley. Las multas pueden ir desde $750.000 hasta $1.500.000. Además, se contempla la posibilidad de trabajo comunitario y otras sanciones administrativas.
Responsabilidad parental y el debate sobre litigios
El ministro resaltó que la medida busca reafirmar el deber de control de los padres sobre sus hijos. En este punto, la provincia marca una diferencia al trasladar parte de la responsabilidad a los adultos. La ley no vacía el rol de la escuela, pero sí exige mayor compromiso familiar. Esa exigencia abrió discusión pública sobre límites y protecciones.
También se mencionaron prácticas de litigios que complican el abordaje del problema. Algunos abogados, según autoridades, promueven demandas contra el Estado en casos de bullying. Esto genera tensiones entre la búsqueda de reparación y el uso comercial del conflicto. Para las autoridades, esa práctica no puede desdibujar la acción preventiva.
Qué pueden esperar las familias y la comunidad
Las familias encontrarán procesos de mediación como primer paso para resolver conflictos. En caso de incumplimiento, el sistema prevé elevación judicial y aplicación de sanciones. A continuación, un resumen de las posibles medidas:
- Mediación escolar: encuentro guiado entre las partes.
- Trabajo comunitario: tareas asignadas a los padres o tutores.
- Multas económicas: montos que van de $750.000 a $1.500.000.
