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El Congreso encara el receso con una agenda cargada de nombramientos pendientes que prometen tensar la actividad legislativa cuando vuelva a sesionar. Tras las sesiones extraordinarias impulsadas por Javier Milei, el llamado para retomar el trabajo llegaría en febrero, y la apertura del período ordinario está prevista para el 1 de marzo. En la lista de prioridades figuran cargos judiciales de alta sensibilidad, la designación del procurador general y nominaciones para defensorías, temas que deberán resolver el Ejecutivo y, en muchos casos, el Senado. La discusión política gira ahora en torno a con quién negociará el Gobierno: la oposición moderada o el kirchnerismo.
Fechas clave y el cronograma que define la política
El receso legislativo divide el calendario en dos tramos: tiempo para acuerdos y el inicio formal de sesiones. La Casa Rosada dispone de semanas para enviar pliegos y cerrar negociaciones antes de la reapertura en marzo. Mientras tanto, los bloques parlamentarios buscan capitalizar su posición para condicionar votaciones sensibles.
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El 1 de marzo será el hito donde el Ejecutivo volverá a marcar la agenda con el mensaje presidencial. Ese día comenzará una etapa en la que el Senado tendrá la palabra sobre postulaciones que requieren mayoría. La tensión política determinará la velocidad con la que se tramiten esos expedientes.
Vacantes judiciales: cifras, ubicaciones y urgencia
El mapa de cargos sin cubrir en la Justicia nacional muestra una magnitud significativa que preocupa a magistrados y legisladores. En meses recientes el Ejecutivo informó cientos de vacantes, un número que luego fue revisado por legisladores de la comisión de Acuerdos. Estas cifras explican parte del malestar opositor por la lentitud en el envío de pliegos.
Según distintos informes, los datos se distribuyen así:
- 330 vacantes informadas inicialmente por el Ejecutivo.
- En otro conteo actualizado, 337 vacantes en total entre Poder Ejecutivo y Consejo de la Magistratura.
- De ellas, 184 ya elevadas al Ejecutivo y 153 en trámite en el Consejo.
El desagregado por jurisdicciones incluye plazas en la Ciudad y en el interior. Por ejemplo, se registraron numerosas vacantes en la Justicia nacional de la Capital y en los fueros federales del país. La extensión y la distribución de esos cargos explican la complejidad para encontrar acuerdos en la Cámara alta.
María Paz Bertero: la designación que genera debate
Una de las designaciones que más ruido provoca es la de María Paz Bertero, postulante para la Defensoría cuya aprobación en Diputados ya fue confirmada. Ahora la instancia que falta es el aval del Senado, donde las negociaciones políticas serán determinantes. Bertero tiene vínculos con la gestión de Axel Kicillof y con sectores cercanos a Máximo Kirchner, lo que alimenta las discusiones.
Su paso por el concurso se definió tras un acuerdo entre sectores peronistas y la Unión Cívica Radical, además de apoyos que llegaron desde espacios vinculados a la exestrategia macrista. Ese acuerdo permitió que Bertero llegara al final del proceso de selección. Sin embargo, su perfil aún despierta resistencias en ciertos sectores del Senado.
La disputa alrededor de esa Defensoría refleja una práctica habitual: cargos técnicos que se transforman en maniobras de poder. La expectativa es que la Cámara alta use su capacidad de veto o aprobación como moneda de cambio en otras negociaciones.
Acuerdos y repartos: cómo se cocinan las alianzas
En los pasillos del Congreso circulan acuerdos que ya modificaron el mapa de cargos en comisiones y organismos. Alianzas tácticas entre libertarios, peronistas y gobernadores provinciales lograron dividir espacios clave. Ese reparto deja en evidencia la estrategia de bloques para asegurarse puestos estratégicos.
- En Diputados se acordaron plazas para la Auditoría General de la Nación mediante pactos entre libertarios y sectores kirchneristas.
- Hubo también acuerdos con gobernadores provinciales que influyeron en la distribución de lugares.
- La UCR y otros partidos moderados vieron reducir su capacidad de influencia en algunas designaciones.
Estos arreglos no solo determinan ocupación de cargos, sino que condicionan futuros consensos en temas judiciales y de control. Las alianzas recientes muestran que la lógica de reparto sigue vigente, incluso en contextos de reclamos por austeridad.
Bloqueos en la Corte Suprema y la resistencia opositora
La intención del Ejecutivo de avanzar sobre vacantes en la Corte Suprema encontró una oposición férrea que complicó cualquier intento de consenso. Los impulsores del proyecto se toparon con una muralla política que impidió obtener los votos necesarios. Esa derrota política puso en evidencia la debilidad para construir mayorías en el Senado.
Además, la demora en el envío de pliegos judiciales irritó a sectores opositores, que acusaron al Gobierno de paralizar procesos. Legisladores de la comisión de Acuerdos señalaron la necesidad de recibir con urgencia las nominaciones para actuar con rapidez y responsabilidad. La falta de envío efectivo de expedientes aumentó la desconfianza entre las bancadas.
En este clima, cualquier nuevo intento de la Casa Rosada requerirá negociación previa y concesiones puntuales. La dinámica seguirá siendo de tensión hasta que se concreten traspasos de poder o se acuerden listas conjuntas para los cargos pendientes.
