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- Cómo se desarrolló la votación y por qué fue inesperada
- Qué artículos fueron rechazados y cuál es su alcance fiscal
- Estrategia del Ejecutivo: volver a negociar en el Senado
- Las propuestas concretas para discapacidad y universidades
- Tensiones internas: choque con el PRO y el ala de aliados
- Próximos pasos, calendario y posibles escenarios
El arranque del nuevo período parlamentario sorprendió al Gobierno: lo que esperaba como una aprobación ordenada del Presupuesto 2026 terminó en una votación con resultados parciales y tensiones abiertas. Tras una sesión extensa y protestas, quedaron fuera del texto dos puntos sensibles que el oficialismo intentó eliminar: la suspensión del financiamiento universitario y la derogación de la emergencia en discapacidad. Ahora la Casa Rosada reconstruye su estrategia para negociar cambios en el Senado y evitar un choque mayor con aliados y gobernadores.
Cómo se desarrolló la votación y por qué fue inesperada
La jornada en la Cámara de Diputados se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por cruces entre bloques. Aunque el oficialismo había desplegado una intensa operatoria para conseguir apoyos, no logró que se aprobaran todos los artículos que llevaba en el proyecto original. En la práctica, la media sanción llegó con cortes en puntos clave.
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El artículo 75, incluido en el Capítulo XI bajo el título “Disposiciones generales”, concentró la discusión más fuerte. Ese artículo contenía la intención de eliminar normativas sobre educación y discapacidad, además de otros pedidos provinciales. Al no reunir consenso, el texto quedó parcial y obligó a rearmar la táctica hacia el Senado.
Qué artículos fueron rechazados y cuál es su alcance fiscal
Los dos artículos que no prosperaron fueron la derogación del financiamiento universitario y la supresión de la emergencia en discapacidad. Ambos puntos habían sido señalados por el Ejecutivo como cargas que afectan el equilibrio fiscal, y por eso se buscó su exclusión. No obstante, la caída de esas propuestas abrió interrogantes sobre el cierre del Presupuesto.
Desde la Casa Rosada sostienen que las normas vigentes no detallan la fuente de financiamiento y, por eso, generan un impacto sobre el déficit. Esa interpretación motivó la ofensiva inicial para modificar o eliminar las leyes. Sin embargo, el rechazo en Diputados forzó un replanteo técnico y político.
Estrategia del Ejecutivo: volver a negociar en el Senado
Tras la votación, la mesa política del oficialismo se reunió en el Ministerio del Interior para definir el rumbo. Encabezaron las conversaciones figuras como Diego Santilli, Luis “Toto” Caputo y asesores clave del Gobierno. La decisión fue intentar en la Cámara alta una negociación que busque ajustes sin eliminar las leyes.
El objetivo declarado es preservar el equilibrio fiscal mediante modificaciones puntuales y aclaraciones sobre la implementación. Los funcionarios ahora avanzan en propuestas que mantengan las normativas vigentes pero que limiten su efecto presupuestario. Así, se apuesta a seducir legisladores del Senado y a contener críticas internas.
En paralelo, el equipo definió priorizar ese nuevo diálogo antes que impulsar otras reformas. Se busca que los cambios sean percibidos como ajustes técnicos y no como una ofensiva contra derechos ya sancionados. Todo esto condicionará la agenda parlamentaria de los próximos días.
Las propuestas concretas para discapacidad y universidades
Entre las alternativas que estudia el Gobierno hay medidas puntuales para reducir el impacto fiscal sin derogar las leyes. En discapacidad se plantea modificar la fórmula de pensiones y su actualización. En educación universitaria se evalúan límites al crecimiento del gasto operativo.
- En discapacidad, se propone que la pensión no contributiva alcance el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones periódicas.
- Para financiamiento universitario, se baraja un aumento atado al 20% de los fondos para gastos de funcionamiento respecto a lo asignado en 2025.
- También se analizan recortes compensatorios en otras partidas para preservar el superávit.
Las propuestas buscan ser técnicamente defendibles ante los senadores y políticamente aceptables para gobernadores y bloques aliados. La intención es mostrar que existe voluntad de diálogo y ajustes.
Tensiones internas: choque con el PRO y el ala de aliados
La votación expuso grietas entre la Casa Rosada y sectores del espacio oficialista, incluido el bloque PRO. El jefe de esa bancada, Cristian Ritondo, acusó a la gestión de decisiones inconstitucionales en la designación de cargos. El reclamo añadió un nuevo frente de conflicto que el Ejecutivo quiere cerrar.
Además, hubo molestia entre gobernadores que sintieron que sus pedidos fueron utilizados para forzar la aprobación del Capítulo XI. Esa sensación tensó acuerdos recientes y obliga a Santilli a recomponer vínculos. La relación con diputados y senadores provinciales será clave para avanzar en cualquier modificación.
La líder libertaria del Senado, Patricia Bullrich, también redefinió prioridades y postergó la reforma laboral para concentrarse en el Presupuesto. Esa decisión subraya la necesidad de evitar más fracturas internas antes de la discusión en la Cámara alta.
Próximos pasos, calendario y posibles escenarios
El oficialismo convocó una nueva sesión para el 26 de diciembre con la intención de retomar debates claves. Esa fecha será decisiva para intentar cerrar acuerdos sobre los ajustes en discapacidad y educación universitaria. Mientras tanto, los equipos técnicos trabajan en redacciones que puedan conseguir apoyos en el Senado.
En el corto plazo la apuesta es doble: reconstruir la unidad con aliados y presentar alternativas que reduzcan el impacto fiscal sin confrontar a sectores sensibles. Si no se consigue consenso, el Presupuesto podría llegar al Senado con más incertidumbres y mayor necesidad de negociación.
