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- Revisión cruzada entre ANDIS y RENAPER: qué se encontró
- Acciones internas y evaluación de medidas legales desde Casa Rosada
- El contexto de la investigación: los audios y la versión de la ex gestión
- Por qué preocupa el uso indebido del CUD y cómo se otorga
- Otras irregularidades detectadas en la agencia
- Repercusiones políticas y el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
En las últimas semanas, una revisión interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió las alarmas en la Casa Rosada: miles de beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad aparecen como activos, aunque figuran fallecidos en registros oficiales. Ese cruce de datos puso en marcha medidas administrativas y la posibilidad real de abrir causas judiciales. A continuación se detallan los pasos del control, las irregularidades detectadas y el contexto político que rodea el caso.
Revisión cruzada entre ANDIS y RENAPER: qué se encontró
La auditoría ordenada tras la crisis en la gestión de la ANDIS detectó un volumen significativo de inconsistencias. Tras cotejar las planillas de la agencia con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), surgió que aproximadamente 178.000 usuarios del CUD aparecen como fallecidos pero mantienen prestaciones activas.
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Ese hallazgo aceleró la intervención y la validación de datos. Fuentes del Gobierno aseguran que la detección no fue aislada y que el cruce con RENAPER permitió confirmar la magnitud del problema.
Acciones internas y evaluación de medidas legales desde Casa Rosada
El interventor designado para encarar la revisión, Alejandro Vilches, ordenó la baja de certificados que mostraban inconsistencias. Estas bajas administrativas buscan frenar el presunto desvío de fondos y normalizar los listados de beneficiarios.
En los despachos oficiales se discute la posibilidad de llevar el caso a la Justicia, tanto contra beneficiarios que habrían cobrado prestaciones indebidas como contra prestadores. Voces oficiales describen la maniobra como un fraude contra el erario público.
Entre las alternativas que se barajan hay:
- Denuncias penales por defraudación al Estado.
- Investigaciones sobre prestadores y redes intermediarias.
- Revisiones contractuales y sanciones administrativas.
El contexto de la investigación: los audios y la versión de la ex gestión
La auditoría se activó tras la polémica desatada por audios vinculados con el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Esos registros alimentaron sospechas sobre un circuito irregular que implicaría pedidos de coimas.
Spagnuolo respondió presentando un informe pericial donde sostiene que los audios fueron alterados mediante inteligencia artificial. Esa versión aún no fue resuelta y forma parte del expediente que analizan tanto autoridades como la Justicia.
Por qué preocupa el uso indebido del CUD y cómo se otorga
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento que habilita el acceso a prestaciones sociales y tratamientos médicos gratuitos. Su emisión depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa a cada solicitante.
Cuando ese mecanismo se vulnera, además del perjuicio económico, se afectan derechos y recursos destinados a personas con discapacidad. Por eso las autoridades enfatizan la necesidad de controles exhaustivos y revisiones periódicas.
Otras irregularidades detectadas en la agencia
La auditoría no sólo puso en evidencia certificados fraudulentos; también revisó contratos y compras. En el informe preliminar figuran compras de medicamentos con incrementos llamativos en volúmenes y montos.
Entre las observaciones se destaca un aumento del 27% en la adquisición de siete fármacos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Ese dato elevó las sospechas sobre manejos administrativos fuera de lo habitual.
Las principales irregularidades identificadas incluyen:
- Pagos a prestadores por prestaciones no justificadas.
- Contratos con cláusulas y montos poco transparentes.
- Compras de medicamentos con incrementos no explicados.
Repercusiones políticas y el debate sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
El caso se superpone con un debate legislativo caliente: el Gobierno intentó sin éxito derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2026. Esa iniciativa generó resistencia en la oposición y entre gobernadores aliados.
Frente al rechazo, el oficialismo analizó una alternativa: no avanzar con la derogación total, sino presentar modificaciones puntuales a la legislación vigente. En paralelo, la auditoría y las revisiones administrativas continuarán y podrían oficializar resultados hacia el primer trimestre de 2026.
Críticas internas a la gestión anterior
Funcionarios cercanos a la Presidencia cuestionan la supervisión previa y la falta de reportes regulares. Algunos dicen que el exfuncionario hablaba directamente con el presidente y omitía los circuitos de control internos.
También circulan reproches por presuntas invenciones y contradicciones en declaraciones públicas. Estas críticas alimentaron la decisión de profundizar las auditorías y reevaluar la autonomía de la agencia en ciertos ámbitos.
