Privatización fallida sacude campo e industria: complica al gobierno y pone a Caputo en aprietos

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La decisión de volver a dejar en manos privadas las importaciones de gas natural licuado (GNL) desató una cadena de tensiones entre el Gobierno, el campo y la industria. En cuestión de semanas, diferencias técnicas y comerciales pusieron en evidencia costos mayores a los previstos y dudas sobre quién asumirá la carga financiera del invierno. La polémica se extiende desde los números de la licitación hasta el impacto en las tarifas eléctricas y los subsidios. Los distintos actores reclaman explicaciones y medidas urgentes para evitar desabastecimientos y pérdidas competitivas.

Cómo se frustró la estrategia pública de compras de GNL

El Ejecutivo había decidido retirar al Estado del proceso de importación para que empresas privadas se encargaran de la gestión de compra y venta. Tras recibir ofertas, la empresa española Naturgy resultó adjudicataria en un primer desempate con un precio de US$ 4,51 por millón de BTU. Sin embargo, un informe interno de la estatal Enarsa había estimado inicialmente un costo mucho menor, cercano a US$ 3,50. Esa disparidad fue el detonante de la reversión del proceso.

Posteriormente, en una nueva subasta para junio, Enarsa informó que los cargos por regasificación y servicios asociados treparon a US$ 5,16. Esa cifra colocó el costo total por encima de lo previsto y, sorprendentemente, incluso por encima de algunas ofertas privadas. El salto representa un sobrecosto significativo respecto a la estimación oficial previa.

Además del servicio de regasificación, el precio del GNL en el mercado internacional también subió. Antes del conflicto en Medio Oriente el gas rondaba US$ 9 y luego se ubicó cerca de US$ 16 por millón de BTU. En conjunto, la subasta se cerró con un promedio de US$ 21,49 por millón de BTU, más alto que el gas local y competitivo frente a combustibles pesados.

Consecuencias sobre tarifas eléctricas y gasto en subsidios

El aumento del costo de regasificación afecta sobre todo a las centrales térmicas que queman gas importado. Ese encarecimiento se traslada a la generación eléctrica y termina impactando en las facturas. Como una parte relevante de la población mantiene ayuda estatal para pagar los servicios, el Gobierno deberá aumentar los subsidios. El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta la presión de financiar ese mayor gasto público.

Fuentes oficiales indicaron que se intentará comprar más cargamentos para ajustar precios y no trasladar sobrecostos al mercado local. No obstante, la incertidumbre sobre la cantidad de barcos y el precio final persiste. La política de compras y la estabilización del mercado serán clave durante el invierno.

Reacciones del campo y la industria ante los nuevos costos

El sector agroindustrial expresó su malestar con rapidez. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) pidió explicaciones formales por un costo de regasificación que considera desproporcionado frente a referencias internacionales. En una carta, su titular reclamó una aclaración técnica porque el monto afecta costos que ya eran altos para la industria.

Al mismo tiempo, productores del Noroeste Argentino (NOA) se mostraron alarmados por una resolución que reasignó la capacidad de transporte de gas. La región perderá un 35% de la capacidad y podría verse obligada a usar combustibles más caros justo en plena zafra azucarera. La ex secretaria de Energía, hoy senadora, advirtió que esto generará una asimetría competitiva entre industrias del norte y del centro del país.

Limitaciones de la infraestructura y el papel de Vaca Muerta

Uno de los nudos críticos es la falta de obras terminadas que permitan priorizar gas de producción local. A tres años de una licitación, no se completó la reversión de cuatro plantas compresoras del Gasoducto Norte. Sin esos equipos, la capacidad de transportar más gas nacional sigue limitada y las importaciones siguen siendo necesarias.

La paradoja es evidente: mientras la extracción en Vaca Muerta alcanza niveles récord, el norte del país no tiene garantizado el suministro para el invierno. Resolver la capacidad de transporte y agilizar obras es imprescindible para reducir dependencia externa y los costos vinculados al GNL.

Medidas urgentes que proponen especialistas y sectores

  • Terminar la reversión y puesta en marcha de plantas compresoras en el Gasoducto Norte.
  • Aumentar la coordinación entre Enarsa y operadores privados para optimizar compras.
  • Revisar técnicamente los cargos de regasificación y transparencia en licitaciones.
  • Establecer un plan de contingencia para la zafra y el abastecimiento del NOA.

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