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- El punto de quiebre: cómo se revirtió una cadena de fallos adversos
- Eje jurídico: el foco en el derecho público y la interpretación de la expropiación
- Coordinación estatal: política, diplomacia y estrategia judicial
- Apoyos externos y maniobras en la causa: amicus, DOJ y suspensión de medidas
- Estrategia en la audiencia: la apuesta por revertir la sentencia completa
- Reacciones internas y posibles próximos pasos en el litigio
La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, relata cómo un cambio de enfoque y una coordinación inédita del Estado lograron dar vuelta un juicio que llevaba años en contra de la Argentina. En su relato se mezclan decisiones jurídicas, maniobras diplomáticas y un liderazgo político que, según ella, permitió frenar una sentencia que amenazaba la estabilidad económica del país. El caso, que llegó a acumular más de USD 16.000 millones y otros USD 2.000 millones en intereses, sufrió un vuelco con la reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
El punto de quiebre: cómo se revirtió una cadena de fallos adversos
Durante más de una década, las decisiones judiciales en tribunales estadounidenses favorecieron a los demandantes y consolidaron una deuda millonaria contra la República. Esa secuencia culminó en una sentencia de gran impacto sobre la economía y la reputación internacional de Argentina. La Cámara de Apelaciones rompió esa dinámica al cuestionar la interpretación previa del derecho doméstico argentino aplicada en primera instancia.
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Según Ibarzabal, el cambio no fue casual sino el resultado de una estrategia deliberada que se implementó al inicio del gobierno de Javier Milei. El fallo apeló justamente a ese nuevo planteo, que puso el acento en el derecho público y en la regulación sobre expropiaciones frente al estatuto societario. Ese giro jurídico transformó la discusión y permitió suspender medidas como la entrega de acciones y el discovery.
Eje jurídico: el foco en el derecho público y la interpretación de la expropiación
La Cámara sostuvo que la magistrada de primera instancia había aplicado una interpretación incorrecta del ordenamiento jurídico argentino. En particular, la apelación destacó la diferencia entre la normativa sobre expropiaciones y las obligaciones contenidas en el estatuto de la empresa. Ese enfoque colocó al derecho público en el centro de la disputa, y no únicamente a cuantificar daños.
Tomar ese eje significó disputar la narrativa que venía imponiéndose en Nueva York durante años. En la audiencia oral se priorizaron argumentos de fondo sobre la naturaleza de la expropiación en el marco constitucional. Para Ibarzabal, insistir en esa línea fue una decisión arriesgada pero clave para obtener la reversión total de la sentencia.
Coordinación estatal: política, diplomacia y estrategia judicial
La funcionaria atribuye el cambio de rumbo a una coordinación sin precedentes entre distintas áreas del Estado. El presidente ordenó una conducción clara y puso a disposición todos los recursos para defender la posición argentina en el exterior. Ese mandato permitió alinear equipos y presentar una defensa integral ante tribunales y actores internacionales.
Los organismos que participaron activamente incluyeron:
- La Secretaría Legal y Técnica, responsable de la estrategia jurídica general.
- La Procuración del Tesoro, que llevó adelante la defensa técnica en el expediente.
- El Ministerio de Economía y la Cancillería, que articularon la dimensión internacional.
- La embajada argentina en Estados Unidos, encargada del vínculo diplomático directo.
En suma, la combinación de política exterior definida, gestión interna de equipos y esfuerzo jurídico permitió construir una respuesta multifocal. Ibarzabal destaca que el resultado no se debe a una sola acción, sino a la convergencia de esos esfuerzos.
Apoyos externos y maniobras en la causa: amicus, DOJ y suspensión de medidas
Un punto decisivo fue el respaldo reiterado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó cinco escritos en apoyo de Argentina en menos de dos años. Ese movimiento contrastó con 2019, cuando el mismo organismo se había alineado con los demandantes. Las intervenciones externas y los amicus curiae reforzaron la argumentación sobre el impacto soberano de la causa.
Además, la Cámara de Apelaciones dictó medidas cautelares que frenaron la ejecución de partes clave del fallo inicial. Primero suspendió la entrega de acciones, luego el discovery y finalmente falló a favor de Argentina en el fondo. Estas resoluciones evitaron una declaración de desacato y mitigaron un daño reputacional mayor.
Estrategia en la audiencia: la apuesta por revertir la sentencia completa
Frente a alternativas más conservadoras que proponían negociar una reducción de la condena, el equipo argentino decidió jugar a la máxima reversión. Ese enfoque implicó concentrar el tiempo limitado de la audiencia en argumentos de fondo y no en cuantificar perjuicios. La jugada fue vista por Ibarzabal como una apuesta audaz y fue determinante para lograr el objetivo.
La decisión de buscar la anulación total obligó a priorizar temas constitucionales y de derecho público. El resultado mostró que una estrategia bien orientada durante la oralía puede cambiar el curso de un expediente complejo. Por eso, la secretaria subraya que la victoria es fruto de una táctica deliberada.
Reacciones internas y posibles próximos pasos en el litigio
Tras el fallo, la compañía demandante reconoció que sus chances ante la Corte Suprema de Estados Unidos eran escasas y dejó abierta la alternativa de acudir al CIADI. El gobierno, según Ibarzabal, se mantiene preparado para cualquier escenario y seguirá defendiendo la posición argentina. La postura oficial es prudente y lista para responder a futuras presentaciones.
En el plano político, el presidente destacó públicamente la estrategia y quienes trabajaron en ella, aunque la secretaria evita atribuirse el mérito individual. Asegura que el resultado es producto del esfuerzo colectivo de equipos técnicos y de la definición política del Ejecutivo. Las autoridades enfatizan que la experiencia abre una nueva etapa en la forma de encarar litigios internacionales.
Mientras tanto, el Ejecutivo anunció iniciativas normativas relacionadas con el régimen de expropiaciones, una respuesta política a las lecciones del proceso. El caso seguirá en observación y podría derivar en nuevas acciones judiciales o arbitrales. El país afronta ahora la siguiente fase con una defensa reforzada y una estrategia consolidada.
