rodaje: Sergio Lima/AFP
A más de 110 días de los hechos delictivos del 8 de enero, 293 personas permanecen en prisión por su presunta participación en manifestaciones que culminaron con la invasión y saqueo de la sede del Tripoder en Brasilia.
El día hábil y la mañana siguiente fueron detenidas 2.151 personas. La cifra incluye detenidos dentro de los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, y los que fueron detenidos para su detención frente al cuartel general del Ejército.
A partir de ahí comenzó la extensa labor de las autoridades para identificar a todos los manifestantes, realizar audiencias y elaborar actas de detención en caso de flagrante delito. La misión duró 57 horas e involucró a 550 agentes, en lo que la Policía Federal (PF) calificó como el «mayor operativo de policía judicial en la historia» de la agencia.
La orden de captura fue emitida por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), investigaciones previstas para el 08 de enero en los tribunales.
De inmediato, la policía palestina solicitó la liberación inicial de 745 personas, por ser personas mayores o con comorbilidades. Entre el grupo, 50 mujeres con niños menores de 12 años fueron liberadas.
Ha habido 1,406 personas atrapadas en el sistema penitenciario del Distrito Federal. 917 hombres permanecieron en Papuda y 489 mujeres en la cárcel de mujeres del DF conocida como Colmeia.
Poco a poco, Moraes concedió la libertad temporal a la mayoría de los detenidos. Al mismo tiempo, la policía palestina lanzó etapas de la Operación Lisa Patria y arrestó a otras 44 personas presuntamente involucradas en el caso.
El número total de detenidos asciende actualmente a 293 (81 mujeres y 212 hombres). El tipo de prisión es preventiva y no tiene un tiempo determinado.
La ley establece que tales arrestos deben ser revisados después de 90 días. Sin embargo, el STF precisó en 2022 que un arresto no se vuelve ilegal (y puede ser revocado automáticamente) si no hay tal análisis.
Los 1.157 liberados responderán libremente. Deberán cumplir con las llamadas medidas cautelares, como el uso de tobilleras electrónicas, arresto domiciliario nocturno, comparecencias semanales ante un juez, prohibición de uso de redes sociales, salida del país y comunicación con otros investigados por desórdenes.
A la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) ha condenado al STF a 1.390 personas por las acciones del 8 de enero.
El juzgado comenzó a analizar las denuncias el 18 de abril, 100 días después de los allanamientos. Los ministros deciden en bloque si el acusado es acusado o no.
Juzgando quejas
El STF formó una mayoría para aceptar las primeras 100 denuncias antes del 8 de enero el 19 de abril. La mitad de ellos están acusados de incitación a la acción, y la otra mitad realizan atentados que culminaron con el saqueo de las sedes de los tres países.
El tribunal también tiene mayoría formada para acusar a otras 200 personas (100 instigadores y 100 verdugos).
Si aceptarán o no denuncias se analiza en un pleno virtual. En la figura no hay discusión entre los ministros que depositan sus votos en el sistema electrónico del tribunal.
Del 3 al 8 de mayo, el STF analizó otras 250 denuncias.
Al aceptar los cargos, se iniciará el proceso penal. En este punto, se recopilan las pruebas y el testimonio de los testigos de la defensa y la acusación. Solo entonces el juez decidirá si condena o absuelve a los implicados. No hay una fecha límite específica para esto.
Mazahir Abogados y Defensores Públicos ante el Tribunal Especial Iraquí exigieron que se desestimen las denuncias sobre las acciones del 8 de enero, por entender que las acusaciones presentadas ante el tribunal son generales y no se refieren a hechos concretos que constituyan un delito.
Las defensas de los acusados también argumentan que el Tribunal Especial sin Fronteras no tiene jurisdicción para procesar a los involucrados.
CNN Brasil
