Entidades empresarias salieron este jueves a manifestar su apoyo a la denuncia del presidente Mauricio Macri sobre una "mafia de los juicios" en el ámbito laboral, al considerarla responsable del aumento en los costos, el incremento del empleo informal y una traba a las inversiones.

En el marco de una reunión que mantuvieron este jueves con el presidente Macri, los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA) coincidieron en que los juicios laborales no benefician al trabajador sino que aumentan el empleo no registrado.

"Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del Presidente del otro día (cuando Macri habló de una "mafia de los juicios laborales"), porque esto aumenta terriblemente los costos y eso no es algo que vaya en beneficio del trabajador, sino al contrario, porque hace que haya más trabajo en negro en vez de trabajo registrado", señaló al término del encuentro el presidente del comité Ejecutivo de la UIA, Miguel Acevedo.

El lunes pasado, Macri -al tomarle juramento al canciller Jorge Faurie- instó a "enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales, porque eso destruye la generación de empleo futuro", y señaló a "un grupo minoritario" de jueces y abogados laboralistas que "dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo".

Por su parte, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) denunció hoy "una altísima litigiosidad, que desborda y excede la capacidad jurisdiccional del Estado generando así una excesiva morosidad en el tratamiento de las causas judiciales, rayana en la negación de Justicia, repercute en la tasa de desempleo y en el incremento del empleo informal".
"También genera dudas a las empresas a la hora de decidir inversiones", aseguró la entidad.

Según IDEA, "el palpable y creciente desborde que se ha venido experimentando en la interpretación judicial dada a los alcances del principio protectorio que reconocemos como la razón de ser del Derecho del Trabajo, sumada a la sesgada designación de magistrados llevada a cabo durante la última década, se traduce en verdaderos excesos en mano de ciertos operadores del derecho que conjugan una inadmisible carga ideológica con una total ausencia de objetividad".

"Ciertamente, todo ello conspira contra la subsistencia de las unidades de producción y con ello, del empleo y la inversión, pilares en los que debe asentarse una sana economía y un mercado de trabajo dinámico", concluyó.

En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró hoy que "el sistema laboral vigente, que dio lugar a la industria del juicio, atenta contra la generación de empleo y constituye una traba importante a la inversión".

Según la entidad, "muchas veces, el sistema permite el pago de indemnizaciones exageradas que exceden al espíritu de la norma y que ponen en riesgo el funcionamiento de un establecimiento productivo, y en consecuencia, de otros puestos de trabajo".

"Hay que tender hacia un modelo laboral basado en la competitividad y esto requiere de un debate profundo entre el gobierno, trabajadores y empleadores", concluyó la SRA.

Para la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la distorsión de los juicios laborales provoca injusticias y atenta contra la creación de puestos de trabajo.

"La CAC se ha venido oponiendo en los últimos diez años en el Congreso de la Nación a un cúmulo de proyectos de leyes laborales que, lejos de proteger al trabajador, lo perjudican", señaló la entidad.

Según la CAC, "el gran daño no solo repercute en el trabajador como ser humano, al cual paradójicamente se pretendería proteger, sino también en el sector pyme -la parte más numerosa y débil del sector empresario-, destruyendo dichas empresas como fuente de trabajo y generando desocupación".

Por su parte, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) señaló hoy que "el actual estado de situación se caracteriza por tener una alta litigiosidad e incentivar una verdadera 'industria del juicio' en la materia, con consecuencias directas sobre la generación de empleo genuino y las decisiones de inversión de las empresas".

En tal sentido, completó ABA, "existen decisiones judiciales que por sus excesos ponen en riesgo la viabilidad y supervivencia de las empresas en general, y de las pymes en particular, afectando la competitividad de la economía en su conjunto".

Desde la otra vereda, el jefe del bloque de Diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, -quien fue señalado por Macri como conducto de "un grupo minoritario" de jueces y abogados laboralistas que "dejan a un montón de gente sin poder acceder a un trabajo"- respondió que "no hay tal litigiosidad".

"Con 4 millones de trabajadores en negro ¿se imaginan si hacen juicio?", se preguntó, al tiempo que denunció la existencia de un "acoso a jueces laborales, una flexibilización indirecta".