La reciente aparición de MASSA- STOLBIZER, presentando un proyecto de ley para eliminar el IVA a 11 productos de la canasta básica: pan, arroz, harina de trigo, fideos, papa, azúcar, carne, huevos, leche, aceite y yerba, obedece a una cuestión política más que económica.

En los últimos tiempos la dupla mencionada se vio desdibujada frente a la polarización Cambiemos- FPV. El oficialismo sabe que el 2017 (al menos el primer semestre) no será desde lo económico lo que estaba planificado y planteó la pelea electoral de cara a octubre en el ámbito político, siendo un terreno donde parecería no haber lugares para terceros. Esto obliga a Massa-Stolbizer a salir de la discusión política y entrar en la discusión económica.

Lo cierto es que la inflación acumulada en los primeros tres meses superó el 6% y como todos sabemos los principales perjudicados son los sectores más postergados de la sociedad, aquellos que destinan todo su ingreso a comprar alimentos.

Toda quita de impuestos es bienvenida, siempre que sea en el marco de una reforma tributaria integral, sin “parches”. En caso de quitarle el IVA a los productos de la canasta básica en pos de favorecer a los sectores de menores recursos, corremos el riesgo de caer en dos efectos no deseados. i) que quien debe ser beneficiado con la medida termine pagando el mismo precio que pagaba antes de la quita y que el beneficio quede en algún eslabón de la cadena de intermediación. ii) que una persona con ingresos mensuales de $ 100.000 (para poner un ejemplo gráfico) vaya al supermercado, compre leche, aceite, yerba, azúcar y carne, sea beneficiado con la quita del IVA, cuando claramente tiene ingresos suficientes para soportar la carga del impuesto.

El ejemplo mencionado sirve para poner en discusión si los subsidios deben ser a la oferta o a la demanda. La experiencia reciente marca que los subsidios a la oferta generaron un gran desequilibrio fiscal, no logrando generar el impacto deseado en los sectores necesitados y favoreciendo a un sector de la población que en muchos casos no precisaba recibir dichos subsidios. Para tener una idea en cifras, durante el 2015 (último año del anterior gobierno) se transfirieron 130.000 millones de pesos a las empresas de luz y gas para mantener las tarifas congeladas y 70.000 millones al transporte, destinados a sostener el precio de los boletos de trenes y colectivos.

Entonces, ¿cómo hacer para que la eliminación del IVA llegue efectivamente a quien lo necesite? Lo cierto es que la forma o método está vigente actualmente aunque sin lograr el impacto deseado. En julio del 2016 se reglamentó el reintegro del 15% del IVA por compras en comercios minoristas con tarjeta de débito, con tope de $ 300 mensuales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.

De esta manera, al comprar en comercios con la tarjeta de débito asociada a la caja de ahorro en la cual el beneficiario recibe las transferencias del gobierno, recibiría en esa misma cuenta los fondos provenientes de la devolución del impuesto. Tiene de esta manera, un impacto directo sobre el beneficiario del plan social, sin intermediar otros actores en el medio.

Ahora bien, a 8 meses de la medida, solo se han reintegrado 1.000 millones de pesos, cuando la meta anual es de 22.000 millones (prácticamente imposible de cumplir). Es por eso que la AFIP estableció la obligatoriedad a partir del 30 de junio, de que todos los comercios mayoristas, minoristas, restaurantes, etc. con facturación menor a 1 millón de pesos durante el 2015 deberán contar con el posnet para ventas con tarjetas (la medida entra en vigencia a partir del 30 de abril para aquellos comercios con facturación superior a los 4 millones de pesos). Para los monotributistas de categorías entre la A y E (facturan anualmente entre $84 mil y $336 mil) la fecha límite es 31 de marzo del 2018. Quizás en este punto sería necesario, aunque no es una tarea fácil, acortar los tiempos de implementación.

En esa línea el BCRA instrumentó la modalidad PEI (pago electrónico inmediato) que permite a través del MPOS (artefacto que se adhiere al celular y permite el cobro con tarjetas de débito) canalizar ventas en comercios hasta $ 291.666 mensuales sin costo alguno y recibiendo los fondos en manera inmediata. Y para el comprador, en caso de ser un jubilado, pensionado o beneficiario de un plan social sería beneficiado con la devolución del IVA.

En definitiva, hay mucho por hacer, el Estado y sus organismos tienen que avanzar en materia de educación e inclusión financiera, como así también en difundir a gran escala todo lo que ya está vigente y que la población no conoce, como la modalidad PEI mencionada anteriormente.

A su vez, se deben crear incentivos impositivos para que los comercios barriales prefieran realizar sus ventas con medios electrónicos de pago y no las hagan en efectivo como sucede actualmente.

Ricardo Maero

Contador Público, estudios de posgrado en Relaciones Internacionales. Las opiniones son a título personal.