El Gobierno quedó en el medio del fuego cruzado entre Margarita Stolbizer y Cristina Kirchner . Fue luego de que la Justicia resolviera a favor de la diputada del GEN, que reclamaba acceder a datos clave de empresas ligadas a la ex mandataria y a Lázaro Báez . La Casa Rosada -que hoy custodia esa valiosa información- apeló la decisión y quedó así involucrada en un nuevo capítulo de la escalada judicial y verbal entre la legisladora y la ex presidenta.


La secuencia comenzó el 21 de abril del año pasado, cuando Stolbizer hizo un pedido de acceso a la información pública -amparada en el decreto 1172 que sancionó Kirchner en 2003- y solicitó toda la información disponible relativa a Los Sauces SA y Hotesur SA (de los Kirchner) y a Valle Mitre SRL e Idea (de Báez). Es decir, pidió datos de las sociedades que hoy están bajo pesquisa en Comodoro Py.

La diputada presentó su solicitud ante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), un organismo que depende de Presidencia y que custodia una amplia red de datos provenientes de distintos organismos públicos. Atesora, por ejemplo, información relativa a domicilios, fallecidos, relaciones familiares, jubilaciones, programas sociales, bienes registrables, personas jurídicas, deudas financieras e impuestos.


El 6 de mayo de 2015, la gestión kirchnerista denegó la solicitud de Stolbizer, al argumentar que no podía brindar información que estuviera amparada por el régimen de protección de datos personales. Ante la negativa, la diputada y su abogada patrocinante, Silvina Martínez, interpusieron una acción de amparo contra el Sintys, por considerar "arbitraria e ilegítima" su adversa respuesta.

Comenzó así un trámite judicial de más de un año, que obtuvo resolución recién este lunes cuando el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials resolvió hacer lugar al amparo de Stolbizer. El magistrado consideró que no resultaba aplicable el secreto sobre la información solicitada y que sólo son "sensibles" los datos que revelan "origen racial étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical o información referente a la salud o la vida sexual". En su resolución, el magistrado le ordenó al Gobierno, ahora bajo la gestión de Cambiemos, brindar información sobre las firmas vinculadas a Cristina Kirchner dentro de un plazo de diez días.


La respuesta oficial no se hizo esperar y en menos de 24 horas Presidencia apeló el fallo que le daba aval a Stolbizer. El Gobierno argumentó que el Sintys sólo responde pedidos de magistrados y en el marco de causas judiciales. "Contestamos por mes más de 1500 pedidos de información cursados por jueces. Pero no podemos sentar el precedente de responder a la solicitud de un ciudadano particular, como en este caso, porque violaríamos la protección de datos personales", señaló una alta fuente oficial a este medio.

Aunque en lo formal la "presidenta honoraria" del Sintys es la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la respuesta al amparo judicial corrió por cuenta de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Pablo Clusellas y que actuó como despacho jurídico en el caso.

Será turno de la Cámara Federal, entonces, resolver si finalmente Stolbizer puede acceder o no a la información que reclama. Datos que podrían ser una herramienta clave para su batalla contra la ex presidenta, tanto en los tribunales como en el ring mediático al que se subió en los últimos días.

Disputa mediática

En su reciente paso por Buenos Aires, Cristina Kirchner pidió ser querellante en una causa contra el juez Claudio Bonadio y contra Stolbizer por una supuesta falsa denuncia en su contra. La ex presidenta sostuvo que los delitos de los que la acusan "no son más que una maniobra para generar un escándalo en los medios de comunicación, que naturalmente excede el marco de una vil calumnia".

Ayer, Stolbizer volvió a calificar a Cristina Kirchner de "delincuente". "Lo que intenta la ex presidenta es ejercer una defensa y hay que entender que los delincuentes no tienen obligación de decir la verdad o declarar contra sí mismos", lanzó la diputada en declaraciones radiales.

En medio de la pulseada, el Gobierno intenta hacer equilibrio para que sus decisiones no sean leídas en clave política.

Podrían verse cara a cara en una mediación

Cristina Kirchner podría verse cara a cara con Stolbizer en una mediación pautada para el 10 de agosto, en un estudio de la calle Viamonte. Es en el marco de la denuncia que presentó la ex presidenta por "calumnias e injurias" y "daño moral" contra la diputada que impulsó los casos Hotesur y Los Sauces. Si las partes no se ponen de acuerdo, se dará inicio formal al juicio civil.