El organismo a cargo de Laura Alonso publicó un listado de casi 10 mil funcionarios que incumplieron en presentar el detalle de los bienes en su poder iniciar la gestión a partir del pasado 10 de diciembre, y de los ex funcionarios kirchneristas que finalizaron sus contratos.

Entre los principales deudores figuran Arribas y la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; Ibarra, y los ex legisladores porteños Gonzalo Ruanova y Victoria Morales Gorleri, hoy en funciones en los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social respectivamente.

También, ex funcionarios kirchneristas como el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; el ex ministro de Justicia Julio Alak, y Abel Fatala, que trabajó en el Ministerio de Planificación Federal junto al detenido José López, como subsecretario de Obras Públicas.

Fatala, al igual que el ex ministro Julio De Vido, López, la titular de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, y los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, fue citado a indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa que investiga el eventual desvío de fondos en el programa Sueños Compartidos.

De acuerdo informó la OA, las declaraciones juradas permiten corroborar la existencia de conflictos de intereses o incompatibilidades, o la evolución patrimonial de los empleados del Estado no justificados y eventuales enriquecimientos ilícitos.

La omisión o el falseamiento malicioso de datos consignados en las Declaraciones Juradas están previstos en la Ley N° 25.188, y son castigados con la pena de prisión por quince (15) días a dos (2) años e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos.