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Viernes, 9 octubre 2015
FNDOS BUITRES
Temor en el Gobierno porque un fondo buitre le haría juicio a Aerolíneas
El fondo Burford Capital planea comprarle el juicio a Marsans, denunció hoy el fiscal antilavado Carlos Gonella.
Temor en el Gobierno porque un fondo buitre le haría juicio a Aerolíneas
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció hoy penalmente por supuesta "estafa procesal" a la firma Burford Capital y al ex concesionario de Aerolíneas Argentinas y Austral, el grupo español Marsans, por la transferencia de derechos de litigios de esta última a la primera, por la estatización de la aerolínea.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa Carlos Gonella, titular de la PROCELAC y la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, quien dijo haber realizado la primera investigación sobre la transferencia, que se concretó en el año 2010 y dar aviso a la fiscalía.

Gonella atribuyó la denuncia penal a que Marsans "transfirió los derechos litigiosos" que mantiene contra el Estado argentino en el CIADI "a favor del fondo buitre Burford" y dijo que éste compró el litigio "para lucrar".

Al respecto, consideró que se trata de "una maniobra fraudulenta que tiene por objetivo perjudicar" al país en "unos 1.600 millones de dólares".

Burford Capital es la misma firma que también compró los derechos de litigio que tenía el Grupo Petersen en su juicio contra la Argentina, por la expropiación de YPF.

"Acusamos por el delito de estafa procesal, que consiste en hacer incurrir en engaño a un tribunal, en este caso el CIADI", especificó Gonella y agregó que en la denuncia abarca, también, al estudio jurídico King & Spalding, que representa a Burford frente al tribunal dependiente de la ONU.

Como en ese estudio trabajaría el abogado argentino Roberto Aguirre Luzi, el fiscal Gonella recalcó que ha pedido la aplicación de la Ley 14.030, que dispone hasta 25 años de prisión a quien "propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino".

La transferencia de derechos litigiosos a terceros es un negocio muy común en los principales países desarrollados porque le permite a los demandantes hacerse de dinero rápido y no esperar hasta el momento de una sentencia definitiva.

De hecho, esa fue una de las opciones que se analizaron dentro del gobierno el año pasado, cuando la Corte Suprema de EEUU rechazó tratar el caso argentino con los holdouts y dejó firme la sentencia de Thomas Griesa que obligaba a pagarle a los buitres. En ese entonces, un grupo de banqueros encabezados por Jorge Brito se ofreció a adquirir el litigio, pero finalmente Cristina desechó esa opción.

"Burford patrocina monetariamente el conflicto en el CIADI" contra el Estado Argentino por la expropiación de Aerolíneas y Austral, sostuvo Abbona y pronosticó que "si el fallo fuese adverso, la Argentina tendría que pagar dos veces: a Burford y a los accionistas (el grupo español)".

La procuradora justificó la denuncia penal en que "tenemos que poner en conocimiento de la Justicia argentina para resguardar los intereses del Estado".

Marsans gestionó Aerolíneas y Austral entre 2001 y 2008, cuando se declaró en quiebra y el Gobierno nacional expropió ambas compañías aéreas, luego de lo cual el grupo español radicó la denuncia ante el CIADI reclamando una indemnización.

Su ex titular, Gerardo Díaz Ferrán, purga condena a seis años de cárcel en España, por una sentencia de la Audiencia Nacional que lo encontró culpable de delitos de fraude cometido con la ayuda de 600 millones de euros que recibió del Estado español para reflotar Aerolíneas y Austral.

La semana pasada, la Argentina había acompañado a YPF en el juzgado de Thomas Griesa, en Nueva York, en el rechazo a una demanda de Burford, la que catalogó de "conducta ilícita", ya que sostuvo que "los actos de expropiación fueron actos soberanos".

Burford Capital, quien compra deudas para litigar, había reclamado una "compensación justa y adecuada", alegando que, durante el proceso de expropiación de YPF, la Argentina violó leyes que regulan la oferta pública en EEUU, ya que YPF cotiza en Nueva York.

Las acciones legales fueron presentadas por dos empresas españolas compradas por Burford -Petersen Energía Inversora y Petersen Energía- que pertenecían a la familia Eskenazi y que eran las tenedoras de 25% de las acciones de la petrolera.
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