En el marco de la causa que investiga los sobreprecios y coimas que Odebrecht pagó por la obra del soterramiento del tren Sarmiento, el juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó una investigación patrimonial sobre Jorge "Corcho" Rodríguez como presunto partícipe de la ruta de sobornos que la firma brasileña pagó en nuestro país. El empresario tiene sus bienes inhibidos por el juez Sebastián Casanello en otra causa vinculada la empresa investigada en el Lava Jato.

Con el secreto de sumario ordenado hace más de una semana, el juez Martínez de Giorgi dispuso una investigación patrimonial sobre el Corcho Rodríguez, después de un pedido del fiscal de la causa Franco Picardi.

En el expediente se investigan los movimientos de dinero que se realizaron alrededor de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento, que cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de dólares.

El juzgado recibió un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que consignó que la obra adjudicada en 2008 contó con "múltiples" irregularidades y al analizar el pliego, se concluyó que el proyecto podría “integrar el catálogo de las denominadas ´convocatorias vagas´” ya que “no se cuenta con las precisiones suficientes sobre la obra”.

Buscando reconstruir la ruta de los sobornos que hubieron alrededor de la obra -que habrían tenido un piso de 3,3 millones de dólares para funcionarios argentinos, y podrían llegar 20 millones de dólares- el juez pidió que el patrimonio de Rodríguez sea investigado, por sus nexos con los "socios locales" y con "la firma brasileña", indicaron a Clarín fuentes judiciales.

La obra estuvo a cargo del consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri), la italiana Ghella y ComSa SA. En junio por el escándalo de las coimas, la brasileña se fue de la obra y el control de la UTE quedó en manos de Ghella.

Según consta en la causa, que se inició con una denuncia de Graciela Ocaña, desde el llamado a licitación hasta 2013 quien lideraba las negociaciones con los funcionarios por los sobornos era Héctor Sánchez Caballero, gerente de IECSA (entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), y luego desde esa fecha a la actualidad la posta la tomó Odebrecht a través de gestiones hechas por el empresario “Corcho” Rodríguez.

La justicia quiere determinar si hubo un "incremento patrimonial" en los bienes del empresario y ex de Susana Giménez en paralelo a las negociaciones que Odebrecht encaraba con las autoridades nacionales. en su situación y si la misma está justificada.

Tras una serie de allanamientos en las oficinas de la empresa Nelly Entertaiment Sociedad Anónima, cuyo dueño es “Corcho”Rodríguez, se investigan una serie de facturas que suman 1,8 millón de pesos. Y hay otro conjunto de facturaciones bajo sospecha.

Inhibición de bienes

El juez Sebastián Casanello ya ordenó la inhibición general de bienes de Jorge "Corcho" Rodríguez, quien también es investigado en la causa contra Odebrecht por la construcción de la planta potabilizadora "Paraná de las Palmas". El magistrado busca reconstruir los sobreprecios y presuntos sobornos pagados durante la ejecución de la obra. Rodríguez está señalado como un "operador" a favor de la empresa brasileña y un "nexo" con los funcionarios argentinos, quienes habrían recibido las coimas investigadas.

Además, envió exhortos a Panamá y Uruguay para rastrear una serie de operaciones bancarias con empresas Off shore utilizadas para canalizar los presuntos sobornos: el Corcho habría recibido 11 millones de dólares.